Editorial

Cambios al SII

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El proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias ingresó al Congreso en enero y actualmente está en el segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado.

La propuesta del Ejecutivo no ha estado exenta de dificultades. Entre los temas más debatidos están las nuevas potestades que se le entregan al Servicio de Impuestos Internos (SII), como la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA). Para mitigar las aprensiones que genera la calificación de la elusión en sede administrativa, el Ejecutivo propuso la creación de un consejo consultivo, pero la discusión de fondo sigue pendiente.

La incorporación de un Consejo Asesor Consultivo podría ser una buena señal.

En particular, en el primer trámite se rechazó la propuesta original de que la elusión se califique en sede administrativa, puesto que muchos expertos consideran que se debe mantener en sede judicial, como opera hoy. Dada la corta vigencia de la aplicación de la NGA, no habría razón para cuestionar su funcionamiento, siendo conveniente evaluar su efecto disuasivo antes de introducir nuevas reformas.

Por su parte, la incorporación de un Consejo Asesor Consultivo (CAC) para dar una opinión técnica respecto de casos evaluados por el SII podría ser una buena señal, sea que la calificación de elusión quede en sede judicial o, con mayor razón, si se insiste en traspasarla a sede administrativa. Esto ayudaría a dar mayores garantías al contribuyente en la aplicación de la elusión por parte de la administración tributaria, en tanto se asegure la independencia de sus miembros. El CAC debiera, además, reincorporar algunas mejoras antes propuestas, como la obligación de escuchar al contribuyente y que el informe técnico se pueda presentar en el juicio respectivo, entre otros.

Con todo, ésta aún sería una solución intermedia respecto de lo que realmente se requiere en materia de perfeccionamiento del SII, pues se debiera avanzar hacia un órgano colegiado que sea verdaderamente independiente del gobierno de turno. Ello además permitiría pensar en la posterior unificación -como ocurre en la mayoría de los países OCDE- de la Tesorería General de la República, el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.

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